Mónica García ha llevado ante el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que promete “poner coto a la privada” y priorizar así la gestión pública. Una ley que supondría la derogación de la 15/97 y que desde el ministerio se muestra como un “triunfo de la sociedad civil”. Pero, ¿supondría realmente un cambio su aprobación?
La propuesta de norma, denominada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, derogaría la ley 15/97, pero no prohíbe ni la gestión indirecta de servicios sanitarios ni los consorcios (artículos 4 y 5 del anteproyecto), es decir, las privatizaciones. El texto sí prohibiría los contratos mediante los cuales una empresa privada se encargaría de la construcción de un hospital y posteriormente de la gestión del mismo, el llamado modelo “de concesión administrativa” o modelo Alzira, que se regula mediante “convenios singulares”, como es el caso del Hospital de Torrejón —aquel en el que la gerencia mandaba reutilizar material de un solo uso—. Esta posibilidad desaparece con la nueva ley a través de la modificación del artículo 67 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. En la actualidad, hay 8 hospitales en este régimen: 3 en la Comunidad Valenciana, 4 en Madrid y 1 en La Rioja según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (julio de 2025). Con la nueva los que ya se integraron en el SNS con este modelo no serán estatalizados.
Entonces, ¿va Mónica García a terminar con la colaboración público-privada? Ya os adelantamos que no. Pero analicemos la letra pequeña del anteproyecto.
En primer lugar, la nueva propuesta de ley supone que la gestión indirecta “tendrá carácter excepcional” y con una evaluación previa. Es decir, el anteproyecto limita la gestión privada a situaciones excepcionales, permitiéndolo solo cuando “no se garantice la sostenibilidad financiera mediante la prestación directa”. Desde el ministerio lo justifican diciendo que “la gestión indirecta solo podrá usarse demostrando que no hay una alternativa pública, que no debilita el sistema y que mejora la atención”. Es decir, no cambia ni una coma de la situación actual. En un sistema público como el SNS, las externalizaciones siempre son una excepción. Sin embargo, se trata de excepciones que se han convertido en la norma, ya que la justificación ha sido siempre esa, que no se garantiza “la sostenibilidad financiera” y por lo tanto “no hay una alternativa pública”. ¿Cómo va a haber sostenibilidad financiera si no se financia la sanidad pública? Y, dicho sea de paso, ¿cómo va a aumentar la financiación de cualquier servicio público si se prioriza el rearme militar?
En realidad este tipo de privatización es la más habitual en los últimos años. Sólo mirando este año atrás, podemos recordar la externalización del servicio de esterilización en el Hospital 12 de Octubre, o la unidad del dolor en el Hospital Infanta Leonor, entre muchas otras. Madrid ha sido laboratorio de privatizaciones, pero no es la única Comunidad Autónoma donde se privatiza. “La falta de transparencia dificulta tener un mapa preciso pero la derivación de fondos públicos al sector privado del negocio de la salud está presente en todos los Servicios Nacionales de Salud de las CCAA”, según concluye el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, siendo Canarias, Madrid, Baleares y Catalunya las que más velocidad de privatización tienen.
Las privatizaciones se apoyan en la desfinanciación tanto de los PGE como de los autonómicos. Así nos encontramos con servicios absolutamente desmantelados que se venden a empresas privadas, justificándose como la única alternativa. Sin embargo, esto siempre supone la degradación del servicio y la precarización de sus trabajadores, porque pasan de primar los intereses de los usuarios, para primar los intereses económicos de la nueva empresa gestora. Al mismo tiempo, otra de las consecuencias de esta infrafinanciación, es el supuesto de que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para satisfacer la demanda de la población a la que atienden. Otro argumento para terminar privatizando, en este caso derivando pacientes a centros privados. Y con la nueva ley tampoco se va a limitar este trasvase de pacientes a la privada, algo cada vez más común.
Si no se prohíben las privatizaciones y externalizaciones entonces ¿qué cambio implica la nueva ley?
Por otro lado, sí se habla de prohibir la gestión de hospitales enteros por parte de empresas privadas. De esta manera solo limita un modelo concreto de privatización, el de “los convenios singulares”. ¿En concreto esto qué implica? En el informe de Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España publicado por el propio Ministerio de Sanidad en diciembre de 2025 se planteaba el siguiente panorama respecto a la privatización: “(…) 472 centros sanitarios pertenecen al SNS. De estos, el 69,3% (327) corresponde a centros públicos y el 30,7% (145) restante a centros privados con más de un 80% de la financiación o de la actividad vinculada al SNS.” Es decir, más del 30%, 145 exactamente, están privatizados. De estos tan solo un pequeño porcentaje, 8 de ellos, se acogen al modelo de concesiones administrativas totales a través de convenios singulares, lo que de ahora en adelante queda prohibido. ¿Qué ocurre con los 137 restantes? Sobre ello no hay límite.
La privatización no se trata solo de los grandes hospitales vendidos al lobby sanitario integralmente. Esta es la mayor brutalidad. Pero no olvidemos que la privatización también es externalizar servicios, regalando pedacitos del sistema sanitario a empresas. Como decíamos, las excepciones ante las condiciones sangrantes de lo público, cada vez más bajo ataque, terminan siendo la norma.
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que la norma “no tiene ningún efecto sobre las concesiones ya existentes”. Hasta la derecha madrileña, la que más ha exprimido las leyes privatizadoras, llama a la calma desvelando que los rumores de acabar con las privatizaciones son más parte de un relato que de la realidad. No obstante, Ayuso sí ha adelantado que “de aprobarse, llevará esta norma ante los Tribunales”. Evidentemente la derecha no está dispuesta a ceder ni un milímetro de los intereses privados que le son propios. La ley impulsada por el Ministerio, aunque no termina con un modelo de colaboración público privada, ni lo limita, sí que señala un tipo de gestión escandalosa como la de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que implica una financiación pública a instituciones privadas. Este hecho es sin duda fruto de la movilización surgida tras escándalos como el de Torrejón.
En sus declaraciones, García anuncia a bombo y platillo este anteproyecto de ley como una gran conquista. Habla por ejemplo de terminar así con los “déficits de transparencia”. Sin embargo, desde el ministerio de sanidad tienen poco que reivindicar en este sentido, después de que el periódico Público sacase a la luz un listado de los grupos empresariales de la industria farmacéutica que más suministran al SNS. Una información desvelada a pesar de la negativa del Ministerio, que finalmente cedió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, evitando así los tribunales.
Además, la ministra explica que “la privatización del sistema sanitario de manera burda y obscena supone una peor calidad de la salud de los ciudadanos”. Sorprende que acompañe las privatizaciones de adjetivos como “burda y obscena”, como se pudiese parasitar la sanidad pública amablemente. No es de extrañar viniendo de quien sin ningún pudor fue la protagonista de nada más y nada menos que los Abarca Prize, una gala de la empresa HM Hospitales para promocionar y defender su modelo de negocio.
Aunque desde el Ministerio lo traten de vender como un avance enorme y una victoria para el movimiento por la sanidad pública, no podemos olvidar que la consigna de “derogar la 15/97” habla de prohibir y acabar con las privatizaciones. Aunque el gobierno utilice la derogación de esta ley, una demanda muy sentida entre quienes se movilizan en defensa de la sanidad, lo realmente importante es por qué se está sustituyendo. ¿Su derogación va a implicar prohibir las privatizaciones y revertir todas las existentes para terminar así con la sanidad privada? Está claro que no. Es una pura reforma cosmética. Debemos desmontar el relato que quieren pasar por progresistas, porque no incorpora hasta el final la exigencia del movimiento de acabar con el negocio de la salud en manos de un puñado de capitalistas.
Además, esta promesa vacía llega en el momento perfecto para la Ministra. Justo unas semanas después de firmar el Estatuto Marco de la vergüenza junto a las burocracias sindicales. Un Estatuto que no supone ninguna mejora en las condiciones laborales de quienes sostenemos la sanidad pública sobre nuestras espaldas, y que nos mantiene en una absoluta precariedad. Un Estatuto en el que no se ha incorporado ni una sola demanda de los sectores que se han movilizado, ignorando por completo las reivindicaciones de las plantillas, y firmando a puerta cerrada otra reforma cosmética más. Un estatuto que, además, en términos globales no supone ningún cambio real, ni profundo, ni estructural, sino que se trata de una reforma continuista que deja intactos los pilares del modelo sanitario precarizador y privatizador.
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El Estatuto Marco estaba plagado de “excepciones” que permitían seguir precarizando, al igual que el Anteproyecto de ley que ahora se presenta permite cantidad de excepciones para privatizar servicios. En este sentido las excepciones terminan siendo una norma. Especialmente cuando nos encontramos en un contexto de infrafinanciación de servicios públicos que, precisamente, son la justificación de la privatización y la precarización. Esta infrafinanciación en los PGE ha sido durante años una estrategia consciente por parte de los distintos Gobiernos centrales y autonómicos con el único interés de justificar las privatizaciones y favorecer al sector privado. En este momento además se convierte en una apuesta estratégica por parte del Gobierno PSOE-Sumar que viene incrementando los presupuestos militares a costa de los servicios públicos.
Hablar de “poner coto a la privada” cuando hay un 30% del SNS privatizado y no se pretende rescindir los contratos es una tomadura de pelo. O cuando el Gobierno actual no termina con el sistema de MUFACE, es más, viene aumentado su presupuesto. También lo es hablar de limitar la privatización alegando que solo se permitirá bajo situaciones excepcionales cuando las situaciones excepcionales son consecuencia de la infrafinanciación. Todo esto es un ejercicio de cinismo institucional. Esta ley no impide la privatización, pero tampoco pone mucho coto a la privada como quieren imponer en el relato. Si no se aumentan los presupuestos a la sanidad permitiendo así contratar más profesionales, construir más centros, habilitar más camas, al tiempo que se rompen los contratos sin indemnización con las empresas que hoy parasitan la sanidad hablamos de sostener un modelo, no de limitarlo. ¿Cómo va a conseguir el Ministerio que no sea necesario recurrir a las privatizaciones como «excepción» si se mantiene infrafinanciado el SNS? Esta es una pelea que debemos dar, todo el dinero para sanidad, ni un euro para el rearme militar.
La aritmética parlamentaria no está muy a favor del Ministerio, algo de lo que son conscientes desde el Gobierno, pero si finalmente se aprueba este proyecto de ley, aunque puede suponer un límite a un tipo de privatización muy minoritario, pero en ningún caso acaba con un modelo que estructuralmente se basa en la privatización y externalización de servicios.
Más allá de eso, lo que debemos preguntarnos es ¿cómo se tumban las leyes privatizadoras? Lo que está claro es que no puede ser por la vía parlamentaria. Y menos de la mano de quienes mantienen nuestra precariedad o dan premios a la privada. Solo mediante la autoorganización y movilización de los trabajadores de la sanidad, junto a los usuarios, podremos tumbar todas las privatizaciones, imponiéndose un plan de lucha a las burocracias sindicales que llevan años dejando que venden la sanidad pública sin ninguna respuesta.
Frente a los que quieren hacer caja sin importarles los escándalos como la derecha o quienes quieren disimular las vergüenzas de la privatización pero sin romper con un modelo criminal, es vital pensar cómo dar la vuelta a esta situación. La solución no vendrá de las urnas ni de los despachos del Ministerio. Solo a través de la autoorganización de trabajadoras y trabajadores en los centros sanitarios y la participación de la población usuaria podrá imponerse un programa y una gestión que responda a los intereses de la mayoría trabajadora. Sin una gestión y control de trabajadores y usuarios cualquier reforma será un maquillaje más para el desmantelamiento.
Clara Mallo Edurne Prado
