De «no hay acuerdo sin consulta» a «todo el poder para las asambleas»: ¿quién representa en Catalunya hoy a las trabajadoras de la educación?

El «no» del 65 % del personal docente y del 93 % del personal de apoyo educativo ha echado por tierra la legitimidad de la representación sindical a partir de las elecciones de 2023. Mientras la Junta Sectorial defendía el preacuerdo, cientos de asambleas escolares, de zona y regionales se organizaban para rechazarlo. El resultado de la consulta no solo pone en tela de juicio un acuerdo: pone en tela de juicio todo el modelo de representación y abre el debate sobre la necesidad de que las asambleas tomen las riendas del conflicto. Es hora de seguir ampliándolas a todos los centros, de elegir representantes con mandato y revocables, y de que los sindicatos del Comité de Huelga les cedan una presencia en este órgano.

El contundente resultado de la consulta sobre el preacuerdo en materia de educación no solo ha supuesto una derrota para el Ministerio y para los sindicatos que respaldaban el «sí». También ha planteado una cuestión más profunda que atraviesa todo el conflicto: ¿hasta qué punto los mecanismos habituales de representación sindical reflejan hoy en día el sentir real de la plantilla movilizada? ¿Quién debería decidir los próximos pasos? ¿Quién debería sentarse a negociar con el Gobierno?

La consulta ha dejado un panorama difícil de ignorar. La gran mayoría de los docentes y del personal de apoyo educativo participantes rechazó un preacuerdo que había sido defendido en la Mesa Sectorial por la mayoría de sus miembros. El «no» obtuvo el 65 % de los votos entre los docentes y el 93 % entre el personal de apoyo educativo.

Sin embargo, CCOO, UGT, ASPEPC y USTEC —los sindicatos que habían respaldado el acuerdo— representaban el 80 % de los votos en las elecciones celebradas en marzo de 2023 y el 85 % de la representación sindical en la Mesa Sectorial.

Por su parte, la CGT, Intersindical, la COS y la CNT hicieron un llamamiento al «no» y a que continuaran las huelgas que habían convocado. Aunque solo obtuvieron el 18 % de los votos en 2023, su postura coincidía con la del 65 % de los trabajadores.

Los sindicatos mayoritarios del sector educativo: ¡no nos representan!

La propuesta de «sí» al preacuerdo fue rechazada rotundamente por una amplia mayoría de trabajadores. Y lo hicieron con una legitimidad de voto mayor que en las elecciones que definieron las cuotas de representación. En las elecciones sindicales de 2023, la participación se situó en el 38,36 %; es decir, 22 puntos por debajo del 61 % del electorado que participó en la consulta sobre el preacuerdo.

La contradicción es evidente. Si los órganos representativos existentes reflejaran fielmente el estado de ánimo de la plantilla, ¿cómo se explica una diferencia tan grande entre la posición mayoritaria de sus representantes y el resultado final? La realidad es que, hoy en día, la representación elegida no representa a la plantilla.

La revuelta educativa ha sumido en crisis los marcos representativos que surgieron de unas elecciones sindicales celebradas cada cuatro años y en un clima de paz social. La falta de mecanismos ágiles para la destitución de los representantes agrava esta situación. Se trata de marcos incapaces de captar y respetar, de manera democrática, la rápida evolución de la conciencia y el estado de ánimo de un movimiento en lucha.

El surgimiento de un nuevo tipo de representación

Paralelamente a este conflicto, ha surgido un fenómeno que merece mucha más atención de la que suele recibir por parte de la mayoría de los sindicatos y de la administración, que se muestran bastante hostiles hacia él. Nos referimos a la red de asambleas de centros, coordinadas a nivel regional y articuladas a través de las distintas asambleas generales bajo el nombre de Asamblea Educativa de Cataluña: la AEC.

Contando solo las registradas en el portal https://assembleesdocents.cat/, su número se acerca a las quinientas. Por lo tanto, es probable que la cifra real sea mayor, ya que hay numerosos centros en los que las asambleas funcionan sin haber formalizado este registro. Si tomamos como referencia la participación del 38 % en las elecciones sindicales, la gran mayoría ha superado esa cifra en las reuniones celebradas en los centros a lo largo de todas estas semanas.

Las asambleas se han convertido en los espacios donde se han organizado gran parte de las medidas de lucha y movilizaciones de los últimos meses. También fueron los órganos donde se debatió y rechazó por primera vez el «Acuerdo de la Vergüenza» de marzo, firmado por una representación sindical totalmente minoritaria -CCOO y UGT, que solo sumaron el 22,6 % de los votos en 2023-.

Pero ha sido en los últimos días cuando muchas de ellas se han ampliado, extendido y llenado de participación para debatir el preacuerdo, compartir información, comparar posiciones y construir una opinión colectiva de base que, en última instancia, se plasmó en el «no» masivo del pasado jueves.

En la V Asamblea General celebrada en Mataró al día siguiente de la firma del preacuerdo, así como en todas las asambleas de centros, zonas y comarcas de la semana pasada, el sentimiento predominante ha sido de rechazo al preacuerdo. No se ha aprobado ni una sola resolución en estos órganos a favor del «sí», mientras que hay docenas de declaraciones críticas con el preacuerdo y a favor del «no».

Pero no se trata solo de una cuestión de cantidad. La fuerza de estas asambleas reside en su propia naturaleza. A diferencia de los órganos representativos elegidos cada cuatro años, las asambleas permiten captar en tiempo real los cambios de opinión, los debates y las necesidades de la plantilla. Son órganos vivos, sujetos al control directo de las personas que participan, donde los representantes son la voz del colectivo y pueden ser destituidos y sustituidos por otra persona en cualquier momento.

Además, las asambleas permiten que la unidad de los diferentes sectores se materialice también en los órganos de gobierno del movimiento. Permiten incluir a sectores excluidos de los espacios de negociación tradicionales, como el personal de atención educativa (PAE), el personal administrativo y de servicios (PAS), los trabajadores del ocio educativo subcontratados y otros colectivos afectados por las políticas educativas, que pueden encontrar en ellas un espacio de participación que las estructuras de representación oficiales les niegan.

Las asambleas deben reforzarse y ampliarse, y dotarse de poder de decisión.

La lección que se desprende de esta consulta va más allá del debate sobre un convenio concreto. Lo que está en juego es qué modelo de democracia sindical necesita un movimiento que aspira no solo a gestionar un conflicto laboral ordinario, sino a conquistar un nuevo modelo que frene la crisis educativa.

Pero superar los marcos sindicales habituales no será un regalo; debe convertirse en una tarea consciente. Esto implica seguir trabajando para extender las asambleas a todos los centros, fortalecer las coordinaciones territoriales y avanzar hacia un sistema de representación basado en delegados elegidos directamente por las asambleas, con mandatos claros y revocables en cualquier momento.

Debemos reforzar nuestro modelo de toma de decisiones de abajo arriba para ir más allá del marco representativo establecido, que está plagado de inercias y lógicas diseñadas más para contener el conflicto que para permitirnos desplegar todo nuestro potencial como colectivo organizado.

Las estructuras de asamblea deben seguir coordinándose con los sindicatos que han decidido mantener la lucha -CGT, COS, Intersindical y también USTEC, que ha aceptado el resultado de la consulta-, pero sin subordinarse a ellos.

Los sindicatos son herramientas indispensables para organizar la movilización, pero no pueden sustituir a la deliberación y la toma de decisiones colectiva de las bases. Juntos, pero con la primacía de las asambleas como órganos de representación y democracia directa, debemos decidir cuáles son los próximos pasos.

La misma reflexión se aplica a los espacios de negociación. La Mesa Sectorial ha quedado gravemente cuestionada por esta consulta: no olvidemos que el 85 % de sus miembros se pronunció a favor del «sí». Además, es un espacio favorable a la Administración, no solo por la presencia de direcciones sindicales que han actuado como correa de transmisión del Gobierno, sino porque institucionaliza la división por sectores, dividiéndonos y debilitándonos.

El Comité de Huelga se perfila como un espacio potencialmente más cercano a la realidad del conflicto, ya que reúne a los sectores movilizados y puede incorporar una mayor pluralidad de voces. Para garantizarlo, debe contar con representantes de todos los sectores en lucha: personal docente, PAE, PAS, 0-3 y ocio. Pero estos representantes no pueden ser elegidos exclusivamente por los sindicatos -y menos aún en proporción a los resultados de las elecciones de 2023-, sino que deben incluir representantes elegidos en las distintas asambleas de área o regionales.

Debemos avanzar hacia un modelo en el que las asambleas de área y regionales no solo puedan organizar la lucha y esperar a que se vote a distancia un nuevo preacuerdo. También deben poder formar parte directamente de las negociaciones. Para poder elegir directamente a nuestros propios representantes para que participen en los procesos de negociación. Representantes sujetos al control permanente de las bases, revocables y sujetos a mandatos específicos.

Todo el poder para las asambleas

El proceso vivido en estos últimos meses pone en tela de juicio un marco sindical diseñado fundamentalmente para organizar, gestionar y canalizar el conflicto social. Cuando una movilización adquiere una dimensión masiva y sostenida, estos mecanismos muestran sus limitaciones y surge la oportunidad de superarlos.

La consulta ha dejado claro que existe una energía organizativa y democrática que va mucho más allá de los marcos institucionales establecidos. La cuestión es cómo podemos garantizar que esta fuerza sea capaz de dotarse de las herramientas necesarias para intervenir de manera decisiva en el rumbo del conflicto. En esta batalla, el sindicalismo combativo y asambleario tiene la gran responsabilidad de contribuir a que esto sea posible. Pienso en muchos de los sindicatos del comité de huelga que defienden el poder de las asambleas como epicentro de la lucha, como la CGT, la COS o la CNT.

Probablemente no podamos contar con los demás. Aunque han mantenido una actitud formalmente respetuosa hacia las asambleas, son firmes defensores del marco oficial de representación sindical. Este es el caso de la dirección de USTEC, que a lo largo de la semana pasada justificó la exclusión de las reivindicaciones del PAE y de 0–3 del preacuerdo rechazado alegando que no se habían negociado en el órgano adecuado.

Sus delegados también han argumentado públicamente en diversas asambleas que no reconocen la representatividad de estos órganos, y que la única legitimidad es la representación legalmente elegida a partir de 2023, una legitimidad que el resultado del «no» ha dejado completamente al descubierto.

La mejor garantía contra nuevos preacuerdos firmados a espaldas del personal no es solo someterlos a una consulta posterior -eso es lo mínimo-. Es construir órganos democráticos capaces de intervenir antes, durante y después de cualquier negociación.

Si este proceso deja alguna conclusión, es que la voz de los trabajadores de la educación se ha expresado con mayor claridad en las asambleas que en las salas de juntas. Y que la verdadera democracia del movimiento pasa por profundizar esta experiencia hasta su conclusión lógica: más asambleas, más control de base, representantes revocables y, en última instancia, todo el poder para las asambleas.

Cynthia Lub
Verónica Landa