Estos dos últimos meses estamos viviendo, en el cantón suizo de Vaud, las mayores movilizaciones sindicales en 30 años, con huelgas y manifestaciones de más de 20.000 personas. Solo superadas por la movilización de la huelga feminista contra el aumento de la edad de jubilación del 14 de junio de 2019. (entre 40.000 y 60.000 manifestantes).
El déficit y los recortes
La causa del conflicto son los recortes presentados en los presupuestos cantonales para 2026. Según el gobierno cantonal (Consejo de Estado) hay un déficit que por ley hay que recuperar. El déficit puede llegar a 500 millones de francos suizos (alrededor de 537 millones de euros) a finales de 2025. Para llegar a esta cifra hay que tener en cuenta que se ha producido una bajada de impuestos que ha hecho perder 740 millones desde 2012 y el regalo fiscal a los más ricos a los que se les perdonó durante años por “error” un impuesto que les ahorró más de 500 millones de francos. Hay un proyecto de bajar aún más los impuestos un 12% lo que de ser aprobado va a agravar el déficit en los próximos años. La verdad es que aún sin recuperar los millones regalados a las grandes fortunas (que ni se plantea el gobierno) el cantón tiene varios miles de millones de francos ahorrados (de los gastos presupuestados y no gastados en los últimos 20 años. Y más todavía el déficit es en realidad muy pequeño: 0,7% (5,8% en Francia). La deuda pública, en Francia que es del 113%, en el cantón de Vaud no existe.
Las medidas de austeridad que propuso el gobierno incluían un recorte de 305 millones en los presupuestos del 2026 y un plan de recortes hasta 2030. Una bajada directa de los salarios medios y altos del 0,7% además del no pago en 2026 del aumento del IPC a todos los trabajadores públicos y parapúblicos. Los recortes en los diferentes departamentos como los 29 millones a los hospitales, los 10 millones para la acogida de la infancia, los 20 millones para el asilo, 5 millones menos para la asistencia a domicilio, el recorte de 22 millones a las universidades y altas escuelas (que se suma al recorte federal en investigación y desarrollo en las universidades) …Esto hizo que estallara la cólera en el sector público y parapúblico. Antes de ver el desarrollo del conflicto veamos un poco como funciona Suiza.
La “democracia” suiza
Suiza es un estado federal con 26 cantones, 2131 municipios y casi 9 millones de habitantes. La Confederación dirige la política exterior, el ejército, las leyes a nivel nacional, la moneda, sistema de pensiones, los ferrocarriles, autopistas y carreteras nacionales. Los cantones tienen sus propias constituciones, su policía, sistema educativo, carreteras, sistema de salud, impuestos cultura y deportes. Cada cantón tiene su propio sistema fiscal y es el que cobra, por ejemplo, el impuesto sobre la renta (que es diferente en cada cantón).
https://www.aboutswitzerland.eda.admin.ch/fr/systeme-politique
El gobierno federal, llamado Consejo Federal, está formado por 7 miembros. Cada consejero federal dirige un departamento (ministerio). Cuando un consejero es elegido, aunque son renovables cada 4 años, solo se le cambia cuando dimite de sus funciones por lo que pueden estar en el gobierno muchos años. La media está en 10 años. La regla (fórmula mágica) que siguen es que sean 2 por cada partido con más escaños más 1 por cuarto. Hay 2 por el PLR (Partido Liberal Radical, partido burgués de derecha, 2 del PS (Partido Socialista), 2 de la UDC (Unión Democrática de Centro, partido de extrema derecha y partido más votado en Suiza con cerca del 30%) y 1 del Centre (partido burgués de centro, antiguo partido demócrata cristiano). El PS está en el gobierno desde 1943 y a partir de 1959 tiene dos puestos. El presidente del gobierno, cambia cada año y sigue dirigiendo su departamento mientras preside. Siguen también la norma de la colegialidad, o sea, que lo que deciden en el Consejo Federal lo tienen que defender todos sus miembros.
El Consejo Federal presenta las leyes que tiene que ser aprobadas por el parlamento o en referéndum. Si un grupo de ciudadanos no está de acuerdo con una ley aprobada por el parlamento pueden proponer un referéndum en el plazo de 100 días si reúnen 50.000 firmas, también pueden hacerlo 8 cantones. Por una iniciativa popular los ciudadanos pueden proponer una ley si recogen 100.000 firmas en un plazo de 18 meses. Sin embargo, si una propuesta de ley no le gusta al gobierno sacan nuevas propuestas de ley hasta que consiguen imponer su política.
El parlamento, la Asamblea Federal, tiene dos cámaras (como congreso y senado) pero con las mismas atribuciones y poderes. La primera es el Consejo Nacional, tiene 200 miembros elegidos por sufragio proporcional cada 4 años, mientras que el Consejo de los Estados, tiene 46 miembros elegidos por los cantones (2 los cantones grandes 1 los pequeños) y cada cantón tiene sus normas de elección. Un cantón con 16.000 habitantes tiene un consejero mientras que otro con 1 millón y medio de habitantes sólo tiene 2. Los cantones pequeños, más rurales, son bastiones de los sectores burgueses. Las leyes tienen que ser aprobadas por las dos cámaras. O sea, el Consejo de los Estados, tiene el mismo poder que el Consejo Nacional. Así, aunque una propuesta de ley de iniciativa popular haya ganado un referéndum, esta puede ser anulada por las cámaras. Este fue el caso con la Iniciativa de responsabilidad corporativa que obligaba a las empresas suizas a ser responsables de las violaciones de derechos humanos en el extranjero. El Consejo de los Estados la anuló.
Con este sistema, que es parecido en la mayoría de los cantones (salvo que en estos solo hay una cámara) la burguesía suiza consigue, bajo una apariencia democrática, mantener el control además de la integración, cooptación, de la socialdemocracia.
Los sindicatos y la paz social
El otro aspecto fundamental, y que convierten a Suiza en una de las más perfectas formas de gobierno burguesas, es la “paz social” con el Acuerdo de paz laboral firmado en 1937. Con ese acuerdo entre la patronal y los sindicatos estos últimos renunciaban a la huelga como medida de presión. Para ello se fueron promoviendo las negociaciones, extendiendo los convenios colectivos, las mediaciones y conciliaciones obligatorias. Ese mismo año el Partido Socialista renunciaba al concepto de Dictadura del proletariado (renuncia a la toma del poder de forma revolucionaria por los trabajadores).
Las dos principales centrales sindicales en Suiza son la USS (Unión Sindical Suiza) y Trabajo Suizo (Travail Suisse). La USS es la central más grande y cercana al Partido Socialista. Cuenta entre sus filas a los sindicatos más grandes del sector privado y público: UNIA y SSP (Sindicato de los Servicios Públicos). La USS tiene 315.000 miembros. Trabajo Suizo cuenta con 130.000 adherentes y es más cercana a los partidos cristianos. Las centrales sindicales, por lo tanto, agrupan un conjunto de sindicatos que en si son bastante independientes y a veces entran en conflicto con otros sindicatos de la misma central.
También en algunos cantones existen otras centrales, como en el cantón de Vaud, donde podemos encontrar a SUD, sobre todo en el sector público. Específicamente en el sector público de este mismo cantón está una organización de funcionarios la FSF (La Federación de sociedades de funcionarios y asociaciones del parapúblico de Vaud). Entre sus adherentes cuenta a los gendarmes y a los funcionarios de prisiones, pero también a una asociación de enfermeras y enfermeros.
El SSP y la FSF son las principales organizaciones en el servicio público y parapúblico cantonal.
La representación de los trabajadores en las empresas se hace por vía de las Comisiones del Personal (COPE) o las delegaciones sindicales (DS). Sin embargo, los convenios colectivos solo los pueden firmar los sindicatos.
El derecho de huelga
A pesar de la “paz laboral” las huelgas existen en Suiza, aunque es más difícil declararlas. La huelga es considerada el último recurso. Como no hay tantas huelgas como en otros países (véase Francia) la patronal y los gobiernos hacen todo lo posible por que no haya, tienen (con razón) un cierto temor a las huelgas. Si hay un Convenio Colectivo (CCT) en vigor no se puede, en principio, declarar huelga mientras sea respetado por la patronal. Si, por ejemplo, la empresa quiere proceder a un despido colectivo, puede considerarse como ruptura de la convención colectiva y la huelga sería legal.
Esta es la limitación más fuerte al derecho de huelga. Las huelgas políticas están prohibidas. Así, por ejemplo, la huelga feminista del 14 de junio de 2019, que tenía por objetivo impedir el aumento de la edad de jubilación para las mujeres (un objetivo político) tuvo que convocarse por reivindicaciones de igualdad salarial, revalorización de empleos mayoritariamente femeninos y peor pagados y contra el acoso y sexismo en los centros de trabajo.
Las huelgas además pueden hacerse de diferentes maneras: toda la jornada o por horas. En la enseñanza las horas no lectivas no se consideran horas de huelga. También hay, como no, los servicios mínimos. Las horas de huelga son deducidas del salario del huelguista.
El SSP tiene una caja de huelga para sus afiliados. Esta caja cubre entre el 80 y el 100% del salario perdido. Para esta huelga en cuestión el SSP propuso una indemnización del 100%. Para tener acceso a este fondo basta sindicalizarse la víspera de la huelga, pero con la obligación de quedar afiliado al menos 3 años.
El gobierno y parlamento del Cantón Vaud
El gobierno cantonal es de mayoría de derechas desde el 2022. 3 miembros del PLR, 1 de “el Centro”, 2 del PS y uno de los Verdes. El Grand Consejo está formado por 150 diputados; PLR: 50, PS: 32, Les Verts (los verdes): 24, UDC (Union Démocratique du Centre): 23, Vert libéraux (verdes liberales): 14, Ensemble à Gauche Unidos a Izquierda) et POP (EAG-POP): 7. Los verdes liberales es un partido burgués creado para reducir a influencia de los verdes. EAG es la formación de Solidarités (NPA francés) con una organización ecologista y una por el decrecimiento. Se presentan a las elecciones en coalición con el POP (Partido Obrero Popular, partido comunista). Como se ve por las cifras también en el Gran Consejo hay una mayoría de derecha con una importante presencia de la UDC (extrema derecha).
Las dos consejeras estatales del PS (Nuria Gorrite y Rebeca Ruiz), han defendido los recortes que proponen en sus departamentos. Rebeca Ruiz, la encargada de la sanidad, será una de las ministras contra la que más han protestado los huelguistas.
Las primeras movilizaciones y la huelga
La amplitud de los recortes produjo una inmediata reacción sindical. SSP, FSF y SUD publicaron una declaración unitaria y convocaron una primera manifestación el 2 de octubre contra los recortes presupuestarios. La acción superó las expectativas de los organizadores que preveían unos 5 o 6 mil manifestantes encontrándose con más del doble en las calles. Las columnas iban convergiendo hacia la manifestación principal. Un momento muy emocionante fue cuando los trabajadores sanitarios, que venían marchando desde el principal Hospital cantonal, el CHUV, llegaron a la manifestación. Las consignas contra el plan de austeridad y los eslóganes a favor de la huelga mostraron que una lucha más profunda era posible. Las tres organizaciones estuvieron de acuerdo en convocar una jornada de huelga y manifestación para el 18 de noviembre.
El SSP llamó a hacer asambleas generales en todos los centros de trabajo para votar la declaración unitaria dirigida al Consejo Estatal y la jornada de huelga. La dirección regional del sindicato también se amplió a los activistas de la huelga. Una lista de distribución de correo electrónico se abrió para que todos los centros de trabajo pudieran informar de sus resoluciones y propuestas. Decenas de emails diarios mostraban la gran participación en las asambleas generales y la adhesión a la huelga. La huelga la proponen los sindicatos, pero la deciden y votan las asambleas generales en cada centro de trabajo. Es interesante también que las asambleas podían añadir o cambiar el texto de la resolución.
En las empresas parapúblicas la huelga no fue legal. En la mayoría las direcciones aceptaron el derecho de huelga, salvo en el EVAM (Establecimiento Cantonal de Acogida a los Migrantes). 1.200 trabajadores se encontraron con comunicados contradictorios de la dirección en la que ponían en duda la legalidad de la huelga. La Delegación Sindical nunca planteó que la huelga fuera legal, pero sí que pedía, como en otras huelgas anteriores (la feminista, por ejemplo), que la dirección se pronunciara favorablemente a derecho de ejercer la huelga. Esto marcó una nueva tensión entre el sindicato y la dirección del EVAM. Ante la duda no se convocó abiertamente a la huelga en el EVAM (había derecho a poner días de vacaciones o de horas suplementarias). Aun así hubo una importante participación de compañeros presentes en la movilización de la tarde.
El 18 de noviembre la huelga fue un gran éxito, miles de trabajadores se declararon en huelga, y muchos más fueron a la manifestación de la tarde. 20 mil personas (16.000) según los medios de comunicación). Pero el gobierno no daba su brazo a torcer. Envío su proyecto al parlamento cantonal (el Gran Consejo) para su discusión y aprobación.
Primeras diferencias sindicales y el llamamiento a romper la colegialidad
El éxito de la jornada de huelga, con su masividad y combatividad, sumado al inmovilismo del gobierno planteaban subir el listón de las movilizaciones. La opinión de muchos activistas y miembros del SSP era llamar a una huelga reconducible, que se puede traducir como una huelga indefinida que se vota diariamente si se sigue o no. Sin embargo, las otras organizaciones se plantaron en una convocatoria de 2 días de huelga por semana para empezar. Estas iban a coincidir con las sesiones del parlamento cantonal para hacer presión sobre los diputados que debían discutir y votar los presupuestos. En aras de mantener la unidad sindical el SSP aceptó ese calendario, no sin cierta polémica al interior. Las movilizaciones ante las sedes de cada departamento y el Gran Consejo se sucedieron en esos días. Y cada semana se convocó a una nueva gran manifestación.
La tercera mega manifestación (como las nombran en la prensa) del 26 de noviembre fue aún mayor, la policía reconocía no menos de 20.000 manifestantes. Los sindicatos calcularon 25.000 manifestantes. En cualquier caso, fue la mayor movilización sindical desde los años 90. En esta manifestación como en las movilizaciones a las puertas de los departamentos de los consejeros estatales, las protestas no hacían diferencia en si los consejeros eran de derecha o de “izquierda”. Y la novedad fue que se empezó a exigir que los consejeros de “izquierda” rompieran la colegialidad, algo impensable en la política de paz social y consenso suizo. En los debates del Gran Consejo los diputados del PS, verdes y la coalición EAG-POP realizaron duros ataques contra el presupuesto del gobierno, dejando en muy mal lugar a los consejeros estatales del PS. Rebeca Ruiz, la más derechista del PS, anunció su dimisión para el mes de marzo por problemas de salud, siguió defendiendo a capa y espada los recortes en Sanidad.
La huelga, cada vez con más participantes se convirtió, en huelga reconducible ampliando el calendario de jornadas de huelga. Una nueva movilización el 10 de diciembre, en las cifras de las anteriores sumado al continuo hostigamiento de los manifestantes a los diputados y consejeros empezó a resquebrajar la unidad de la derecha e incluso a que suenen amenazas de ruptura en el gobierno.
El gobierno retrocede, primeras concesiones y nuevas amenazas
El viernes 12, tras una intensa semana de movilizaciones y jornadas de huelga, los diputados del Gran Consejo dan signos de que no aprobaran todas las medidas del gobierno cantonal. El gobierno en la tarde anuncia a través de los medios de comunicación que renuncia al recorte de los salarios a los funcionarios. Una primera victoria del movimiento huelguístico. Pero a continuación declaró que con la retirada de las medidas sobre los salarios la huelga dejaba de ser lícita. La confusión entre los huelguistas, sobre todo del sector educativo, pues la declaración se hacía cuando ya empezaba el fin de semana, sin que los trabajadores pudieran reunirse a discutir si continuaban o no. Los sindicatos reaccionaron rápidamente proclamando en comunicados y entrevistas en los informativos que el gobierno no era quien para decidir si la huelga era lícita o no. El ataque del gobierno para desmontar la movilización se profundizó durante el fin de semana. Los directores de los centros educativos enviaron a todos los padres que las clases serían normales desde el lunes.
Como ya se explicó más arriba, si una huelga es declarada ilícita, ilegal, puede llevar a sanciones e incluso, si se reitera, al despido. Aun así, una parte importante mantuvo el lunes siguiente la huelga, eso si a veces reducida al tiempo necesario de realizar las asambleas o asistir a las movilizaciones de la jornada. En la tarde del 15 de diciembre se realizó una nueva manifestación, que si bien, no fue del alcance de las anteriores, si junto a varios miles que expresaron su alegría por su primera victoria y también su cólera ante los ataques del gobierno. La continuación de la movilización mostró como los funcionarios y empleados públicos no se movilizaban solo por su salario, sino por el futuro de las prestaciones sociales, sanitarias y educativas a la población.
Aprobación de los presupuestos y perspectivas para 2026
El Gran Consejo, el parlamento del cantón, finalmente, aprobó el miércoles 17 de diciembre los presupuestos, solo con pequeñas modificaciones. Los estudiantes se movilizaron, este día, una vez más contra los recortes en Universidades y altas escuelas. Empiezan las vacaciones navideñas con la aprobación de esos presupuestos más los anuncios a nivel federal que incluyen nuevos recortes. Uno de los motivos es el aumento, como en toda Europa, del presupuesto militar. El otro, al que quieren culpar, es la victoria en referéndum de un aumento de las pensiones.
Estos planes de recortes sociales que proponen no son solo para 2026, sino que se proyectan a nivel cantonal y federal hasta 2030. Las consecuencias de los recortes se sienten ya en la sanidad, donde los trabajadores están exhaustos. En los servidores públicos con aumentación de cargas de trabajo. Y las condiciones, evidentemente con los recortes, van a empeorar a pesar de las promesas del gobierno.
El año que termina ha visto un claro aumento de la lucha de clases en toda Suiza. Las movilizaciones, con ocupaciones de las Universidades, en apoyo a Palestina. Los enfrentamientos con la policía por los abusos y racismo policial. Las movilizaciones y huelgas de los trabajadores de la construcción en defensa de su convenio colectivo (finalmente conseguido el 12 de diciembre). Las movilizaciones por el clima y las políticas ambientales, así como la ya tradicional movilización de las mujeres del 14 de junio. A todas estas movilizaciones se unió al final del año la gran lucha que se resume en este artículo de los trabajadores del sector público y parapúblico del cantón de Vaud, pero también con fuerza en otros cantones por las mismas causas (Ginebra, Friburgo).
La lucha del sector público no se ha cerrado con una derrota, sino por el momento con una victoria parcial. El gobierno cantonal, a pesar de haber conseguido aprobar la mayor parte de las medidas del presupuesto, sale muy debilitado. El año 2026, el último de esta legislatura, se anuncia caliente.
Viendo las movilizaciones que hemos tenido podemos constatar que contaron con el apoyo de sectores de la población. Hubo sindicatos del sector privado que apoyaron la lucha, pero en general ha faltado el llamamiento masivo de todo el sector privado y al conjunto de la población, que necesitaba esta lucha, para conseguir una victoria completa. Los recortes en el sector público y parapúblico afectan al conjunto de los trabajadores y sectores populares del cantón, no solo a los empleados públicos. Los recortes se suceden en todos los cantones y a nivel confederal. Sin respuesta, hasta ahora, a nivel estatal.
La formación de comités de apoyo, de frentes únicos amplios, que agruparan a todo tipo de organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas y sociales podría haber pesado más en la balanza. La falta de una perspectiva de lucha a nivel de toda la confederación es otro de los grandes déficits. Sabemos que las leyes suizas “impiden” huelgas políticas y por tanto huelgas generales, pero todo es cuestión de la correlación de fuerzas.
El movimiento sindical y la izquierda tendrán que reflexionar sobre las lecciones de este movimiento y cómo preparar con más fuerza los próximos choques, que, con toda seguridad, volverán en los próximos meses.
Alberto García
17 de Diciembre 2025
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